Un reciente estudio encargado por la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la OEA alertó sobre la necesidad urgente de modernizar la Ley de Puertos en Chile. El análisis, realizado por el Maritime Policy Bureau (MPB), evalúa los principales retos y oportunidades del sistema nacional de concesiones portuarias, subrayando que el marco normativo vigente requiere adaptaciones frente a nuevas exigencias tecnológicas, ambientales y de gobernanza.
Ley de Puertos en Chile: fortalezas y limitaciones
El informe reconoce que el actual sistema de concesiones ha sido fundamental para atraer inversión privada y desarrollar infraestructura portuaria. A través de empresas estatales, Chile ha estructurado un modelo que combina participación privada con supervisión pública. No obstante, los expertos del MPB advierten que la Ley de Puertos debe ser actualizada para responder a los estándares modernos y al contexto internacional cambiante.
El documento destaca que si bien existe una normativa robusta y diferenciada para cada tipo de concesión, hay limitaciones para incorporar prácticas ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), digitalización de procesos y una mejor articulación institucional.
Falta de coordinación nacional: un obstáculo estructural
Uno de los puntos más críticos identificados es la fragmentación institucional en el sistema portuario chileno. La ausencia de una autoridad nacional portuaria o de un ente coordinador ha provocado una toma de decisiones dispersa y carente de visión integral. Según el estudio, esto afecta directamente la eficiencia logística y la planificación a largo plazo.
Además, la integración entre los puertos y las ciudades sigue siendo conflictiva, sobre todo en zonas urbanas donde los terminales generan tensiones territoriales. A esto se suma la necesidad de robustecer las capacidades del Estado para fiscalizar concesiones y garantizar altos estándares de servicio.
Oportunidades para un nuevo modelo bajo una Ley de Puertos moderna
Pese a los desafíos, el análisis también subraya que Chile está bien posicionado para liderar un proceso de modernización de la Ley de Puertos. Se mencionan oportunidades concretas como la implementación de tecnologías de automatización, eficiencia energética, reducción de huella de carbono y fortalecimiento de alianzas público-privadas estratégicas.
Asimismo, se plantea que una coordinación más fluida entre puertos, corredores logísticos, zonas francas y transporte terrestre puede transformar al país en un hub logístico del Pacífico Sur. Esto, junto con la experiencia acumulada en concesiones, permitiría a Chile ser referente regional y compartir buenas prácticas con otras naciones latinoamericanas.
Conclusión: una reforma portuaria urgente
El estudio deja claro que la modernización de la Ley de Puertos no es solo una necesidad técnica, sino una condición estratégica para asegurar la competitividad internacional del sistema portuario chileno. Frente a un escenario global cada vez más exigente y dinámico, avanzar hacia una legislación portuaria moderna se vuelve imprescindible para garantizar desarrollo sostenible, eficiencia operativa y liderazgo regional.
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